El problema del Agua: ni una muerte más

Por Abraham Barrios.

Nunca en la historia del país las crisis asociadas con el manejo de los recursos hídricos cobrarían tanta importancia como en nuestros días. Con el arribo del calentamiento global y sus efectos, el país se encuentra hoy más que nunca a merced de los fenómenos climáticos. Cuando se considera la íntima relación entre el clima y el manejo de los recursos hídricos no es difícil concluir que los efectos del calentamiento global podrían únicamente magnificar las ya severas crisis causadas por la carencia crónica de agua potable, la contaminación de ríos y lagos, inundaciones, deslaves, daños recurrentes a la infraestructura pública y propiedad privada, y las numerosas pérdidas humanas en cada instancia. La magnitud del problema que afrontamos requiere soluciones tan radicales como creativas que puedan ser ejecutadas en un tiempo relativamente corto. Con lo anterior presente, sirva este artículo para presentar una estrategia técnica legal que pretende no solamente ser un punto de referencia para la política estatal de manejo de los recursos hídricos sino las bases para la legislación ambiental necesaria para enfrentar el reto que representa el manejo integrado de los recursos naturales en el contexto del calentamiento global.

Clima, Agua, Cuencas y Recursos Naturales

Antes de discutir lo que debe y no debe hacerse en el manejo de los recursos hídricos primero deben desvanecerse los mitos que sobre el agua se han creado y cuya prevalencia ha sido alimentada por la atávica resignación chapina ante todo. El mito más importante de desvirtuar es la creencia que no tenemos agua. Guatemala es un país riquísimo en agua, no siempre limpia pero abundante; lo que nos hace falta son otras cosas, principalmente legislación idónea y educación sobre el tema. Desafortunadamente, la carencia de legislación ambiental combinada con niveles alarmantes de ignorancia ha resultado en tragedias de todo tipo que suelen ser explicadas con un “no hay agua”, “no hay dinero”, “son desastres naturales” y hasta “es castigo de Dios”. Estos niveles de ignorancia ya no se justifican en el Siglo XXI; los técnicos le debemos a nuestro pueblo por lo menos explicaciones lógicas.

Debe entenderse también que todas y cada una de las crisis relacionadas con el manejo inadecuado de los recursos hídricos podrían ser parcial o totalmente solucionadas con herramientas técnicas rutinariamente utilizadas en otras jurisdicciones. Lamentablemente, una solución eminentemente técnica (e.g. una política efectiva de manejo de los recursos hídricos) puede únicamente hacerse posible por medios políticos. De nuevo, los técnicos no podemos evadir la responsabilidad de dar los primeros pasos para crear conciencia de la gravedad del problema.

Es esencial también entender la íntima relación entre el clima y los recursos hídricos, entre el agua y la cuenca, y entre la cuenca y cada uno de los recursos naturales. A pesar del énfasis que se le ha dado a la problemática específica del agua, nos compete a los técnicos ilustrar la conexión entre los recursos hídricos, la cuenca y otros recursos naturales y de la necesidad de su manejo integrado.

Habiendo explicado los motivos para escribir este artículo, y aprovechando la coyuntura histórica de nuestros días que incluye nunca antes vistos niveles de conciencia e interés por los problemas ambientales, le describo a continuación una utopía colectiva mínima, una propuesta para el manejo integrado de nuestros recursos naturales, un sueño que nada más empieza con el agua… .

Agua: Prioridad entre Prioridades

Uno de los pocos temas sobre los que nuestros políticos han logrado alcanzar consenso es la necesidad de establecer un marco técnico y jurídico para el manejo de los recursos hídricos. A pesar de la limitada comprensión de los elementos técnicos del problema, políticos de todas las corrientes están conscientes de la urgencia de hacer algo. Lo que aún no ha sido definido es precisamente lo que este artículo pretende alcanzar: qué hacer exactamente.

Contrario a lo que se podría pensar, la inexistencia de un andamiaje legal adecuado no es la causa principal de los problemas asociados con el manejo de los recursos hídricos, sino nada más un efecto que es en sí mismo causa de problemas secundarios. La causa principal -en realidad- son las limitaciones del recurso humano, el no tener suficientes técnicos con la preparación necesaria para diseñar, impulsar, implementar y hacer que se cumpla la legislación ambiental. Aún cuando se pudieran importar las leyes más progresistas de otra jurisdicción, estás no se podrían utilizar sin expertos locales que entiendan la naturaleza y magnitud de los problemas locales. De ahí que debe considerarse esencial el que proyectos de legislación ambiental de cualquier tipo vayan acompañados de planes para capacitar el recurso humano que sea necesario para ejecutarlos. Además de expertos en recursos hídricos necesitamos ecólogos, biólogos, meteorólogos, antropólogos, arqueólogos, zoólogos, etc. con la experiencia suficiente y en las cantidades suficientes para administrar al mismo tiempo todos nuestros recursos naturales, utilizando las mejores prácticas de manejo y tecnología del siglo XXI.

Legislación que se impulsa para regular el agua

Dada la importancia del tema, la mayoría de actores políticos, activistas sociales y grupos sectoriales han participado de manera directa o indirecta en la elaboración de propuestas para una “ley de aguas”. De todas estas sobresale la iniciativa de ley No. 3702, un ambicioso proyecto que pretende solucionar jurídicamente muchos de los problemas asociados con el mal manejo de los recursos hídricos. La propuesta se enfoca en los aspectos legales rutinarios del manejo de los recursos hídricos como la concesión de permisos y licencias; también contempla la creación de los organismos técnicos responsables de ejecutar la ley: las Autoridades de Cuenca. La iniciativa de ley recibió dictamen favorable recién el 28 de noviembre del 2007.

Por su espíritu y amplia temática la iniciativa de ley 3702 debe considerarse un gran paso en la dirección correcta. Compuesta de 19 capítulos, la propuesta aborda la mayoría de problemas con los que el guatemalteco promedio se encuentra día a día. Sin embargo, la propuesta adolece de dos deficiencias fundamentales: el orden revertido de dos conceptos básicos y la vulnerabilidad de las Autoridades de Cuenca a la politización.

La iniciativa 3702 correctamente identifica la necesidad de administrar técnicamente las cuencas hidrográficas, pero les otorga a éstas un papel conceptual secundario supeditado al manejo del agua. En realidad, el manejo de los recursos hídricos debería ser uno de varios elementos secundarios supeditados al manejo integrado de cuencas. Desde un punto de vista de jerarquía conceptual, debería crearse primero una “Ley de Cuencas Hidrográficas” y después una “Ley de Aguas”.

El otro punto débil de la iniciativa 3702 es que deja la responsabilidad del manejo de las Autoridades de Cuenca completamente en manos de los políticos. Como se explicó anteriormente, el manejo de los recursos hídricos debe ser un componente del manejo integrado de las cuencas y llevarlo a cabo corresponde a personal eminentemente técnico. La experiencia ha demostrado que la interferencia política no es deseable en proyectos de conservación ambiental, mucho menos en un país con una historia tan larga de corrupción como el nuestro. El permitir que los recursos naturales sean administrados por políticos abre las puertas para que gente con conflictos de intereses o sin las calificaciones adecuadas llegue a tomar decisiones que pongan en peligro la sostenibilidad de nuestros recursos.

La Cuenca Como Unidad Geográfica Ideal

Para poder entender porqué el manejo los recursos hídricos debe considerarse nada más uno de los muchos elementos del manejo integrado de cuencas, es necesario entender primero el concepto de cuenca. Una cuenca es la unidad geográfica por excelencia, una masa de tierra que ha compartido por siglos el agua y el suelo y cuyas fronteras nunca son motivo de disputa. Cada pulgada de territorio en el planeta pertenece a una cuenca claramente definida. El elemento esencial de una cuenca es el río o lago que le da nombre, el que con ayuda de la ley de la gravedad conecta las partes más altas con las bajas. Es importante señalar que el río o lago no transporta o almacena nada más agua, contiene también minerales, semillas y nutrientes. Al haber estado conectados por tanto tiempo por medio del agua, los suelos y subsuelos dentro de la cuenca inevitablemente presentan elementos en común que resultan en la existencia de especies vegetales y animales específicamente adaptadas a vivir en esas condiciones ambientales particulares. De esta cuenta, cada gota de lluvia, cada molécula mineral, cada animal y cada planta tienen una conexión única con la cuenca en la que existen. Los humanos no somos la excepción, prácticamente todas y cada una de nuestras actividades tiene un impacto directo o indirecto en la cuenca en la que vivimos. No debe sorprendernos entonces que los expertos en materias ambientales de todo tipo consideren la cuenca como la unidad geográfica ideal para el manejo de los recursos naturales

Ley de Cuencas y Autoridades de Cuenca

Conociendo la importancia de manejar los recursos hídricos a nivel de cuenca por entidades autónomas eminentemente técnicas, y estando concientes de la relación de todos los recursos naturales a su respectiva cuenca, la pregunta obvia sería ¿Porqué no entonces enfocar los esfuerzos a la elaboración de una ley de cuencas hidrográficas que no solo le de cabida a la “ley de aguas” sino que también contemple el manejo de los recursos minerales, forestales, de biodiversidad y de herencia cultural por una sola entidad colegiada dentro de cada cuenca?

El Artículo 97 de la Constitución de la República faculta e instruye al Ejecutivo para la creación de entidades autónomas -como las aquí propuestas- encargadas de velar por la protección y manejo de los recursos naturales:

“El Estado, las Municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación”.

El ente autónomo ideal – La Autoridad de Cuenca- sería el cuerpo colegiado responsable de administrar todos los recursos naturales dentro de la o las cuencas hidrográficas que se le asignen, y de evaluar la viabilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) asociados con la ejecución de proyectos privados y públicos dentro de la cuenca. Dada la claridad del Artículo 97, no se anticipa la necesidad de reformar La Constitución de La República para la creación de las Autoridades de Cuenca y la elaboración de la ley correspondiente. Cada Autoridad de Cuenca (ADC) estaría formada por ocho Direcciones Técnicas correspondientes a cada una de las áreas de protección de la Autoridad: Fauna, Flora, Recursos Minerales, Recursos Hídricos, Recursos Forestales, Áreas Protegidas, Calidad de Aire, Herencia Cultural y una novena específicamente dedicada a la Educación e Investigación de alto nivel. Los directores de cada una de las áreas de protección integrarían el Consejo de Cuenca, cuerpo colegiado supremo que delegaría todas las funciones administrativas de la Autoridad al Rector de Cuenca, quien habría de ser electo por el pleno del Consejo. Tanto el perfil de los directores como del rector será definido por un reglamento que tome en consideración la preparación académica y colegiación, la no militancia política activa, los conflictos de intereses y la experiencia del candidato.

La Rectoría de Cuenca estaría a su vez integrada por un número idóneo de unidades administrativas cuya función sería hacer posible el funcionamiento de la Autoridad. Ejemplos de unidades administrativas serían: Catastro e Informática, Personal, Finanzas, Relaciones Públicas, Permisos y Licencias, y Parques y Recreación.

La Rectoría de Cuenca también sería responsable de administrar dos elementos esenciales de la Autoridad de Cuenca: la Guardia Forestal y la Procuraduría Ambiental. La Guardia Forestal sería una fuerza policial eminentemente profesional cuya misión sería la protección de los recursos naturales, el monitoreo de permisos y licencias, y el cumplimiento de la legislación ambiental. El perfil del guardia forestal incluiría un nivel académico mínimo de título universitario a nivel técnico; la preparación y equipamiento de la Guardia Forestal se llevaría a cabo de acuerdo a los más elevados estándares mundiales. La Procuraduría Ambiental estaría integrada por un equipo de abogados responsables de representar legalmente a la Autoridad de Cuenca y de perseguir penalmente a los infractores de las leyes ambientales. El organigrama de la Autoridad de Cuenca se ilustra en el diagrama de abajo:

De acuerdo al INSIVUMEH, Guatemala cuenta con más de 30 cuencas hidrográficas en su territorio. Sin embargo, dada la interconexión, extensión geográfica y proximidad de las mismas, diez autoridades serían suficientes para administrar todas las cuencas del país:

Autoridades De Cuenca

• Nombre Vertiente Cuerpos de Agua
  Motagua Oceáno Atlántico Ríos Motagua y Grande de Zacapa
  Izabal Oceáno Atlántico Lago de Izabal y Ríos Dulce, Cahabón, Sarstún, Polochic, Moho y Temans
  Sarstún Océano Atlántico Ríos Sarstún, Hondo y Mopán
  Usumacinta Golfo de México Ríos Usumacinta, Pasión y San Pedro
  Chixoy Golfo de México Ríos Chixoy, Salinas, Ixcan y Xaclbal
  Nentón Golfo de México Ríos Nentón, Cuilco, Selegua y Pojom
  Suchiate Océano Pacífico Ríos Suchiate, Naranjo, Coatán, Ocosito, Samalá y Sis-Ican
  Atitlán Océano Pacífico Lago de Atitlán y Ríos Madre Vieja, Nahualate y Coyolate
  Amatitlán Océano Pacífico Lago de Amatitlán y Ríos Maria Linda, Achiguate, Acome y Paso Hondo
  Lempa Océano Pacífico RíosLempa, Paz, Olopa y Los Esclavos

Legal y financieramente, las nuevas entidades serían dependencias del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales y estarían absorbiendo la mayoría de sus atribuciones. También se harían cargo de funciones que actualmente son responsabilidad de dependencias de otros ministerios. En su período de constitución, las ADC harían provecho de las bases de datos y la excelente labor que algunas de estas entidades han hecho en su correspondiente área de trabajo. Para evitar redundancia, tanto las dependencias afines como el INSIVUMEH y el INAB como los profesionales que laboran en ellas podrían integrarse en su totalidad al nuevo esquema.

Ideas finales

El impacto de la Ley de Cuencas Hidrográficas iría mucho más allá de la protección al ambiente. Sería, para empezar, un dinamo generador de empleo bien remunerado en áreas rurales. Se estima que como mínimo, cada ADC estaría empleando 250 personas, dos terceras partes de ellas técnicos y profesionales universitarios. Otro beneficio directo de las ADC sería el mejoramiento del nivel educativo de las profesiones afines por medio de programas permanentes de capacitación para empleados, estudiantes y consultores que serían posibles por medio de la Dirección de Educación e Investigación de cada ADC. Las ADC también buscarían acuerdos de cooperación con las universidades del mundo para conducir investigación científica de clase mundial.
Si el lector ha llegado hasta aquí, sinceramente espero que este artículo haya logrado convencerlo de ponerse de nuestro lado. Y digo nuestro porque somos muchos los que estamos convencidos que la Ley de Cuencas Hidrológicas es una necesidad ingente. Sepa usted que también está de nuestro lado, el clamor popular, el consenso de muchos líderes, y el Artículo 97 de La Constitución. Todo lo que hace falta es que Ud. amable lector, no solamente crea que la Ley de Cuencas Hidrológicas es necesaria sino también posible. La crisis que el Calentamiento global nos ha impuesto desnuda nuestra vulnerabilidad como nación. Sin embargo, el hecho de que no tengamos legislación ambiental adecuada debe verse como una excelente oportunidad para dar un salto hacia el futuro y sentar las bases para una legislación ambiental de clase mundial.